La Comisión Nacional de Competencia (CNC) denuncia en un informe preceptivo que el anteproyecto de ley de Seguridad Privada aún recoge “restricciones a la competencia que pueden ser consecuencia de la voluntad de proteger determinados intereses generales, como la seguridad pública o los derechos fundamentales“.
Entre los principales defectos están la reserva de la actividad existente a favor de los operadores del sector y el sometimiento de las empresas a un régimen de autorización previa para la prestación de la mayor parte de las actividades
Asimismo, la CNC apunta que en el anteproyecto de ley se incluyen “otras cargas administrativas” que, a pesar de no ser tan perjudiciales como las dos anteriores, “suponen posibles alteraciones en la libre prestación de estos servicios” por lo que plantean la necesidad de justificar estas restricciones a la competencia en el acceso a la prestación de servicios por parte de determinados profesionales.
En cuanto a las actividades de investigación privada, considera desproporcionada la exigencia de que todo despacho de detectives este compuesto íntegro y exclusivamente por detectives, ya que esta solo debería exigirse al personal que realiza dichas tareas.
A pesar de esto, la CNC considera que en buena parte, los cambios del anteproyecto de ley “deben ser acogidos favorablemente desde el punto de vista de la competencia“.
Entre esas mejoras señala la ampliación de las vías de acceso a la profesión, la delimitación de las actividades que configuran el núcleo duro del negocio de la seguridad privada o la ampliación de la habilitación profesional del personal de seguridad privada a extranjeros de países que tengan determinados acuerdos con España.
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