Imagen: Alakrana (Ministerio de Defensa Español)
El 2 de octubre de 2009, un grupo de piratas secuestró el barco atunero vasco Alakrana frente a las costas de Somalia. El buque y la tripulación, formada por treintaiséis personas, fueron liberados cuarentaisiete días más tarde, después de que el gobierno español pagara un rescate de 2,7 millones de euros. El secuestro del Alakrana tuvo varias consecuencias, entre las que destacan la prórroga de la operación Atalanta ―impulsada meses atrás por el Consejo de la UE para luchar contra la piratería en las aguas de Somalia― y la autorización por parte del gobierno español del embarque de vigilancia armada en los buques pesqueros de bandera estatal.
Empresas como Segur Ibérica vieron que se les abría de golpe una nueva vía de negocio muy lucrativo. De hecho, ésta fue la primera compañía beneficiada a causa de la medida tomada por el ejecutivo, entonces presidido por Zapatero, con la firma, a finales de 2009, de un contrato con los armadores para encargarse de la protección de trece buques atuneros.
La presencia de vigilancia de seguridad privada tenía por objetivo proteger los negocios particulares de grandes empresas pesqueras, pero desde el primer momento las administraciones públicas han asumido su coste parcialmente. Mientras que los armadores pagan la mitad del gasto, el resto se reparte a partes iguales entre el gobierno español y los ejecutivos autonómicos vasco o gallego
Para hacerse una idea de las cantidades, en 2010, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino aprobó una subvención de más de 1,9 millones de euros para sufragar parcialmente el coste de la contratación de seguridad privada a bordo de los atuneros, una cifra que aumentó hasta cerca de los 2,4 millones en 2011.
Además, el ejecutivo estatal también asume el gasto de la formación militar de la vigilancia privada que se embarca en los buques. Para compañías como Segur Ibérica, el negocio es notable, teniendo en cuenta que se embolsan unos 9.500 euros mensuales por cada vigilante, pero las trabajadoras reciben un sueldo de 4.000 euros. En resumen, la sociedad que presidió el ministro Morenés gana varios millones para desplegar unas decenas de trabajadoras ―en 2009 fueron cincuentaicuatro― en los barcos españoles que pescan cerca de Somalia.
Sólo entre 2009 y 2011, el gobierno español ha gastado más de 250 millones de euros para financiar su participación en la operación Atalanta, y todo indica que la cifra continuará disparándose durante los próximos años. Lo que inicialmente fue una misión de doce meses se ha ido prorrogando y actualmente ya tiene la continuidad garantizada hasta, al menos, diciembre de 2014. Mientras que organizaciones como el Centro Delàs reclaman la retirada de toda la participación militar española en la región y que se dejen de financiar los intereses privados ―la protección de los atuneros― con fondos públicos, empresas como Segur Ibérica se frotan las manos cuando ven que sus opciones de negocio se multiplican.
