19 jul 2013

Metro Madrid encarga parte de su seguridad a un empresario condenado a prisión



En una empresa privada, tener como socio a un señalado por la Justicia puede perjudicar 

gravemente la imagen corporativa. Si la empresa no es privada sino pública y se administra 

con el dinero de los contribuyentes, el daño puede ser aún mayor, aunque todo el proceso de 

contratación sea perfectamente legal. Esto es lo que denuncia la sección de CC OO en el 

Metro de Madrid después de que la compañía haya dejado en manos de Seguridad Integral 

Canaria la vigilancia de las zonas norte, noroeste y centro de la red del subterráneo. Ombuds, 

Segurisa y Segur Ibérica son las adjudicatarias del resto de las zonas. Seguridad Integral 

Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario de las islas que fue 

condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona 


protegida de la isla de Gran Canaria.

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