En una empresa privada, tener como socio a un señalado por la Justicia puede perjudicar
gravemente la imagen corporativa. Si la empresa no es privada sino pública y se administra
con el dinero de los contribuyentes, el daño puede ser aún mayor, aunque todo el proceso de
contratación sea perfectamente legal. Esto es lo que denuncia la sección de CC OO en el
Metro de Madrid después de que la compañía haya dejado en manos de Seguridad Integral
Canaria la vigilancia de las zonas norte, noroeste y centro de la red del subterráneo. Ombuds,
Segurisa y Segur Ibérica son las adjudicatarias del resto de las zonas. Seguridad Integral
Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario de las islas que fue
condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona
protegida de la isla de Gran Canaria.
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