CCOO considera que la Ley de Seguridad Privada obedece a la lógica de los recortes presupuestarios que impone el PP. Con ella se emprende un camino en el que sólo quienes la puedan pagar tendrán seguridad. La nueva normativa es un ejemplo más de la estrategia de acoso a los derechos sociales y de deterioro democrático que desde el Ministerio del Interior se está promoviendo de manera preocupante con la futura Ley de Seguridad Ciudadana.
Seguridad Privada
La Ley de Seguridad Privada, que regula el trabajo de vigilantes y detectives privados, ha sido aprobada por la Comisión de Interior del Congreso y remitida al Senado. La nueva normativa fomenta una evidente ampliación del negocio de la seguridad privada, como el propio Ministerio del Interior ha reconocido. Se trata, por tanto, de fomentar desde el Gobierno un negocio privado que ya tiene una importante implantación en nuestro país, y que emplea a 90.000 personas y factura anualmente unos 3.600 millones de euros.
CCOO valora negativamente que la tasa de reposición de la Policía o de la Guardia Civil se mantenga en el 10%, teniendo como consecuencia la disminución progresiva del personal asignado a labores de vigilancia. El sindicato se muestra contrario a que ese espacio vaya siendo controlado por la iniciativa privada, quedando sometida la seguridad pública a los intereses privados y siendo sustituida por un servicio privado.
CCOO entiende que con esta Ley empeora el panorama de la seguridad pública en España, precarizándola interesadamente a favor del negocio privado. Asimismo, al disponerse que los vigilantes puedan patrullar, identificar, cachear e incluso detener a los ciudadanos en la vía pública, en el entorno donde ya prestan sus servicios (polígonos industriales, zonas comerciales, urbanizaciones...) pueden crearse conflictos de competencias entre vigilantes y policías o guardias civiles.
Además, CCOO estima que la ley no es beneficiosa para los trabajadores y trabajadoras del sector de seguridad privada. Muy al contrario, va a suponerles más responsabilidades sin beneficios. Más competencias, sin adoptar otras medidas complementarias acordes a la nueva situación que plantea la Ley.
En concreto, CCOO destaca entre los perjuicios que esta ley puede acarrear al personal de Seguridad Privada, los siguientes:
- Se equipara su condición a la de agente de la autoridad pero no se les dota de una protección jurídica adecuada que impida su desprotección legal.
- Se asignan nuevas funciones en el área de la vigilancia en espacios o vías públicas, sin que previamente se intensifique su formación en una actividad que puede chocar con libertades o derechos fundamentales.
- Más competencias no aseguran mejores condiciones laborales. De hecho, los sueldos y derechos en el sector privado se encuentran en clara inferioridad respecto a las nuevas exigencias, y a enorme distancia de los percibidos por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. A todo ello se añade un régimen sancionador desproporcionado como elemento añadido en el sector privado.
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