El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha anulado la lista de 28 empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa Securitas elaboró para la provincia de Pontevedra al entender que la compañía de seguridad privada vulneró el derecho de libertad sindical.
El responsable de negociación colectiva de la CIG-Servicios, Pedro Pérez, ha explicado hoy que el sindicato presentó una demanda de conflicto colectivo porque 20 de los 28 trabajadores afectados por el ERE eran afiliados de la central nacionalista.
Ha detallado que el ERE fue pactado por dirección y sindicatos y aprobado en asamblea por los empleados, y que el problema surgió cuando la empresa elaboró una lista donde no se cumplían los criterios fijados durante la negociación.
Tras dar traslado del ERE a la Inspección de Trabajo, la compañía modificó la lista pero siguió sin cumplir todos los criterios, además de que seguía incluyendo a afiliados de la CIG, concretamente a 16, por lo que el sindicato presentó demanda de conflicto colectivo.
Pérez ha señalado que entre los criterios pactados figuraban cuestiones como el absentismo, los expedientes y sanciones o las rotaciones solicitadas por clientes.
Aun con todo, el ERE en Securitas aprobado en mayo de 2013, y que afecta a 53 de un total de 179 trabajadores, sigue vigente, con lo que la CIG se pregunta qué va a hacer la dirección con la lista de afectados una vez que los criterios "ya están viciados".
La CIG ve una relación entre la decisión de Securitas de aplicar un ERE en la provincia de Pontevedra y la iniciativa de Pescanova de prescindir de 21 empleados de seguridad que tenía contratados con esta compañía.
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