El siguiente paso es llevar la ILP al Congreso, donde se iniciaría el
debate, que puede acabar con el rechazo de la propuesta. El texto de
los sindicatos echa abajo los pilares básicos de la reforma.
Por ejemplo, elimina la posibilidad de despedir por causas económicas
justificadas -lo que conlleva la indemnización de 20 días por año
trabajado- solo con la previsión de pérdidas. "Ha de poner en cuestión
la propia viabilidad de la empresa", expresa la ILP. Otros cambios
serían la prohibición de que agencias privadas de colocación
intermediaran en el mercado laboral o imposibilitaría que el FOGASA
pagara parte de los despidos procedentes.
La recogida de firmas arrancó el pasado marzo, una vez logrado el
visto bueno del Congreso y de la Junta Electoral Central, los órganos
que tienen que validar el texto legislativo propuesto. En este periodo,
CC OO ha recogido medio millón de firmas, y UGT, 250.000. Según Antonio
del Campo, responsable de Organización de CC OO, es previsible que un
10% de las firmas decaigan cuando la Junta Electoral compruebe la
validez de los apoyos (por duplicidades o falta de datos). A los
sindicatos no les preocupa porque han superado holgadamente el listón
exigido para la ILP.
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