Varias empresas del sector llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los responsables políticos.
El
pasado verano la Policía realizó en el sur de Tenerife la primera
operación en España contra el intrusismo en seguridad privada. Hubo
varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante
el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de
ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de
un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el
ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades
en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través
de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más
sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.
Canarias
Investiga ha trabajado durante meses en un reportaje que se irá
desgranando en los próximos días, y que pretende poner de manifiesto que
esta situación ocurre con el conocimiento de unos responsables
políticos que, durante muchos años, han preferido mirar para otro lado.
Ya
en 2005 los cuatro principales sindicatos de seguridad privada en
Canarias (FTSP-USO, Intersindical, CCOO y UGT) hicieron pública una
carta en la que denunciaron que la empresa que se estaba quedando con
la mayor parte del pastel, Seguridad Integral Canaria,
inclumplía sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias,
además de la Ley de Seguridad Privada. Esa firma, propiedad del
presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como ESABE,
de ámbito nacional y con presencia en las dos provincias canarias, han
sido habitualmente objeto de la ira de los sindicatos, especialmente
de FTSP-USO e Intersindical, los más activos en este terreno.
