15 mar. 2013

Tranquilo, lo estamos vigilando todo



Con una edad de entre 25 y 50 años, deberá tener una talla no menor que la que se exige para el servicio militar, una constitución robusta, ser de reconocidas buenas costumbres y gozar de buena opinión y fama. Eran estos algunos de los requisitos que se establecían en 1849 para poder ser guarda municipal de campo, la primera figura de seguridad privada en la historia reciente de España.
Más de siglo y medio después, aunque el cometido sigue siendo el mismo, es decir, garantizar la seguridad de personas y bienes de forma complementaria y subordinada a la seguridad pública, pocos son los parecidos entre aquellos predecesores de los vigilantes y las actuales compañías privadas de servicios de seguridad, que han ido incrementando su presencia en un buen número de segmentos, desde hospitales a colegios, pasando por aeropuertos o incluso por los controles de acceso de instalaciones militares.
El sector cuenta en la actualidad con cerca de 1.500 empresas en España y en los últimos cinco años se han habilitado más de 115.000 nuevos profesionales de la seguridad privada, pero la crisis, como al resto de la actividad económica, también le ha tocado de lleno. Según las estimaciones de Aproser, la asociación profesional de compañías privadas de servicios de seguridad, la facturación cayó en 2012 un 12%, aunque los datos aún no son definitivos, sumando así el cuarto ejercicio consecutivo de descensos, motivados primero por la disminución de la demanda de sus servicios por parte de los particulares y, más recientemente, por las restricciones presupuestarias de las Administraciones públicas, que representan un 25% de su facturación.
Los nuevos segmentos de actividad centrarán la agenda de la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada que esta semana se celebra por primera vez en España y en la que también se abordarán otros problemas del sector, como es el del intrusismo profesional y la competencia desleal, “que, además de perjudicar gravemente a las empresas que cumplen fielmente con la legislación, ha creado una imagen distorsionada del sector, de manera que en ocasiones se ha generalizado injustamente”, advierte García Perulles.