De momento la UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajaban para el Gobierno vasco el ministerio del Interior suministrando escoltas. Son Ombuds, Prosegur,Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica. Una fuente de Ombuds ha explicado que ellos aportarán más de 60 vigilantes en seis prisiones: Palencia: Castellón II, Salamanca, Huelva, Pamplona y Logroño.
"El personal que va a ir a prisiones está recibiendo una formación especifica, que se suma a la que ya tiene como vigilante privado o escolta", señalan desde UGT. Lo que está claro es que los escoltas reconvertidos en las prisiones ganarán menos que lo percibían cuando daban protección en el País Vasco, según las mismas fuentes, con sueldos que rondarán los 1.200-1.300 euros.
La privatización de la seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior.
Así lo revelan documentos internos de la Guardia Civil. En ellos se especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.
Interior habla de "refuerzo" y no de sustitución. En un principio, "dos vigilantes de seguridad" por turno, lo que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. "En ningún caso supondrá una reducción de efectivos" de las unidades policiales, "tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en su fase inicial", por lo que Interior deja claro el objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.
