La inseguridad ciudadana se ha convertido hace ya tiempo en un desafío crucial para la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano. Con todo, a pesar de que en el núcleo de esta inseguridad se halle la amenaza de violencia generada por los nuevos conflictos producidos socialmente, lo cierto es que las políticas de seguridad ciudadana siguen estando más ocupadas en contener o reducir los efectos extremos de estos conflictos (preferentemente la actividad delictiva dirigida contra los bienes privados) que no en minimizar los riesgos de exclusión social y de desigualdad económica y, en última instancia, el riesgo de ruptura social en el que cada vez estamos más inmersos.
El problema de la inseguridad ciudadana se ve agravado por la extraordinaria capacidad que han adquirido los medios de comunicación a la hora amplificar y de difundir en tiempo real a nivel mundial -y, por tanto, deslocalizándolos- los desastres y las violencias más extremas y preocupantes.
En la elección de los indicadores de la evolución de la inseguridad ciudadana o la preocupación de estos se trata por tanto, más que en apariencia, de una cuestión metodológica. Un ejemplo lo constituye el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) cifras publicadas en noviembre de 2004, situaba a la inseguridad ciudadana, con el 19,1%, como el quinto problema principal que existía en ese momento en España, hoy en el año 2013 este datos es 2,8 %; el desempleo era 61%, hoy es 81,6 %; El terrorismo/ETA, era un 44,8%, hoy es 0,4 %; la vivienda se situaba en el 21,8%, hoy es el 2,0 %; y la inmigración era el 20,5% y hoy es 2,2 %. En ambos momentos la preocupación por la inseguridad ciudadana era elevada pero, diferente sus datos y su percepción.
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