El Ministerio del Interior ha introducido nuevos cambios en el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana con la intención de asegurarse la constitucionalidad del texto y rebajar la controversia que habían generado la mayoría de sus artículos, destinados a sustituir toda la legislación vigente desde 1992 sobre la persecución por la vía administrativa de los comportamientos incívicos y los desórdenes públicos. En los próximos días podrían producirse, además, otras modificaciones tras la aprobación del informe del Consejo de Estado, el último de los cuatro órganos consultivos que se han pronunciado sobre la norma.
Según ha podido saber este diario, finalmente, la cartera que encabeza Jorge Fernández Díaz ha dado marcha atrás y ha decidido eliminar del articulado la posibilidad de que los vigilantes de seguridad privada puedan colaborar con las Fuerzas de Seguridad públicas en el mantenimiento del orden durante las manifestaciones y concentraciones. Pero no es el único cambio que Interior ha introducido a última hora. Los menores sancionados por consumo o posesión de drogas podrán evitar la multa si acreditan que están sometiéndose a un tratamiento de desintoxicación. Hasta ahora, el texto no hacía ningún tipo de distinción en función de la edad.
Vigilantes en las manifestaciones
La posibilidad de que las empresas de seguridad privada se encargaran de mantener el orden en las manifestaciones era una de las principales novedades que recogía el anteproyecto de Interior. En la actualidad, sólo los funcionarios de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y, en algunos casos, policías locales, están habilitados para poder limitar el ejercicio del derecho de manifestación. Pero el Ministerio pretendía incluir en las facultades del sector de seguridad este otro servicio, siguiendo el espíritu liberalizador de la Ley de Seguridad Privada publicada por el BOE el pasado 4 de abril, que ampliaba considerablemente las capacidades del sector privado de la seguridad.
