En los últimos meses se ha detectado un preocupante aumento de los intentos por ocupar viviendas de manera ilegal. Además de casas en barrios consolidados, las promociones nuevas de las zonas periféricas se han convertido en otro de sus objetivos. Los Gobiernos de Madrid y Cataluña, entre otros, se han visto obligados a contratar vigilantes privados para proteger las casas de promoción pública (VPO). Solo el Ivima madrileño lleva años con esta política y gasta cinco millones de euros.
"Las labores de control consisten en realizar rondas por los bloques de
pisos y en cuanto se detecta una posible ocupación ilegal situar al
personal de seguridad permanente. En una ocasión, en una promoción de
Navalcarnero hubo que destinar a 14 vigilantes en un bloque para tener
controlados cada uno de los portales las 24 horas del día"
