La participación de vigilantes con armamento
bélico en atuneros españoles es el más claro precendente en españa de la
actividad de compañías militares privadas. sin embargo, este esquema de
seguridad siembra numerosas dudas.
La extensión de la piratería en aguas internacionales ha obligado al
Gobierno español a abrir un claro precedente en la creación de compañías
militares privadas. A fines de 2009, el Ejecutivo modificó la normativa
para que las empresas de seguridad puedan “portar y usar armas de
guerra y garantizar así la protección de personas y bienes” en buques de
bandera española en aguas internacionales. Los armadores, siguiendo la
indicación del Ministerio de Defensa, eligieron a Segur Ibérica para
prestar este servicio (también asesora a Pescanova en Mozambique).
Este modelo de seguridad, adoptado de forma acelerada para solventar
la crisis política que generó el secuestro del Alakrana, se ha
complementado con otras medidas, en las que se muestra una clara
cooperación entre el Departamento que dirige Carme Chacón y la actividad
de Segur Ibérica. Por ejemplo, el Gobierno es “quien se encarga del
transporte de armas, munición, piezas de repuesto y demás material
empleado en estos servicios”, según una disposición de marzo de 2011.
En paralelo, Defensa dirige unos cursillos de formación para que
Segur Ibérica pueda habilitar a los vigilantes que no cumplen los
requisitos necesarios para portar y usar armas de guerra en atuneros.
Además de estas dos facilidades, el contrato con los atuneros que
faenan en el Índico está fuertemente subvencionado. El 50% del coste que
la seguridad privada tiene para los armadores se financia con
incentivos del Gobierno vasco y del Ministerio de Medio Ambiente Rural y
Marino.
Dos años después del secuestro del Alakrana, lo que comenzó como una
solución de urgencia se ha consolidado como un modelo definitivo. Ahora
bien, este esquema deja en el aire algunas dudas. En primer lugar, si
tanto la gestión del armamento, como la formación y habilitación del
personal, además del 50% del importe del contrato, salen de las arcas
del Estado, ¿por qué no hay un concurso para adjudicarlo a la compañía
que ofrezca las mejores condiciones económicas?
Hay una segunda duda. Estos atuneros pertenecen a armadores que
realizan una actividad económica privada. ¿Por qué reciben un trato de
privilegio con respecto a otras multinacionales españolas que trabajan
en zonas de riesgo y se hacen cargo de su seguridad sin recibir ningún
tipo de respaldo estatal, ni económico, ni normativo?
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