La flamante estación del AVE de Albacete esconde tras de sí una triste
situación laboral con sus vigilantes de seguridad que denuncian la
situación en la que se ven obligados a desempeñar su trabajo.
Responsabilizan de la situación directamente a la dirección que el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la empresa
pública que gestiona la estación, tiene en las instalaciones que
«obliga» a la empresa que ha subcontratado para prestar el servicio de
seguridad «que hace y deshace lo que quiere». Y es que aseguran que en
su contrato con Eulen, «de 14 millones de euros», la empresa pública
«redacta contratos con cláusulas abusivas que dejan indefensa a la
empresa que los firma».
"El derecho de pernada (en latín vulgar medieval, Ius primae noctis; en inglés se usa la expresión francesa Droit de seigneur, aunque en francés es más acertada la locución Droit de cuissage) es un derecho feudal que teóricamente establecía la potestad señorial de tener relaciones sexuales con toda doncella, sierva de su feudo, recién casada con otro siervo suyo. Este presunto derecho tuvo vigencia durante la Edad Media de Europa occidental
RESUMIENDO TENEMOS UN RESPONSABLE ENFERMO EN UNA EMPRESA PÚBLICA
El problema comenzó con la apertura de la nueva estación
del AVE de la ciudad. Según los trabajadores, que prefieren no desvelar
sus nombres para evitar represalias, un poco antes de su puesta en
marcha momento en el que comenzaron los despidos a «instancias» de Adif.
Como ejemplo explican que poco antes de su inauguración se despidió a
un trabajador por estar sentado «en una postura poco ortodoxa» en el
escáner, «pero resulta que el despedido no era el que salía en la foto»,
explican.
Otro ejemplo es el despido de las dos mujeres que
trabajaban en seguridad en la estación. La explicación oficial fue que
se les despedía por abandono del servicio tras ser detectadas por la
cámara saliendo del cuarto de baño para comerse un bocadillo, «porque no
tenemos un sitio para hacerlo». Para ellos, la explicación real radica
en que en esas fechas estaban reivindicando un vestuario para los
vigilantes puesto que la ley les prohíbe ir uniformados por la calle.
Después de «mucho patalear» explican que se les deja utilizar el
vestuario del Centro de Regulación y Control del Tráfico Ferroviario y
se les ha habilitado un cubículo en el que se han colocado las
taquillas. «Todos los días mi hijo me pregunta porqué me han despedido y
todavía no sé que contestarle», reconoce una de las afectadas.
También recuerdan otro caso en el que un trabajador fue
despedido por no reflejar en el parte la llegada de un inspector de
trabajo «cuando se le llevó directamente a la dirección». El propio Adif
reconoció ayer a este diario que había utilizado una cláusula del
contrato para solicitar su despido por una «infracción grave». Y es que,
según la versión de Adif, fue el propio trabajador el que permitió la
entrada al Centro de Regulación y Control del inspector «un recinto de
acceso absolutamente restringido a personal ajeno al servicio
ferroviario salvo autorización expresa de la entidad pública
empresarial, sin comunicar ni solicitar permiso a Adif, ni tan siquiera a
su propia empresa».
Pero la cosa no termina ahí. Denuncian amenazas, el
seguimiento de los movimientos de los vigilantes con las cámaras de
seguridad o presiones hacia los trabajadores «porque nos negamos a
cometer ilegalidades como pretenden en ocasiones como el registro de
equipajes manualmente sin estar presente los propietarios».
