La asociación nacional de centrales receptoras e instaladoras de alarmas han presentado ante la Audiencia Nacional
 una denuncia en el contencioso administrativo contra las 4 órdenes 
ministeriales que afectan al sector aprobadas en consejo de gobierno el 
18 de Febrero y que entrará en vigor el 18 de Agosto. Las empresas de 
alarmas están en contra, ya que no pueden responder con rapidez ante la policía, por los requisitos que se les exigen por el cambio normativo
Las cinco modificaciones de estas órdenes ministeriales han sido recurridas y admitidas a trámite por la Audiencia Nacional. Resulta llamativa la que afecta a los clientes de éstas empresas, entre estos clientes, a las joyerias, ya que
 las empresas de alarmas no podrán avisar a la policía hasta que no 
reciban tres señales de salto de alarma desde la tienda con la 
consiguiente desprotección para las mismas. Desde la asociación nacional de centrales de alarmas se pide a las empresas que no contraten a los establecimientos de joyerías.
 Otra de las órdenes ministeriales denunciadas afecta a las reformas que
 tienen que realizar en sus edificios, las obras en las centrales de 
alarmas son cuantiosas como ha asegurado el presidente de la asociación Francisco Quesada.
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A partir del 18 de agosto, no más falsas alarmas
 A partir del próximo 18 de agosto la verificación 
de saltos de alarma tendrá que ajustarse a la nueva normativa dictada 
por el Ministerio del Interior. 
Algunas empresas de seguridad interponen sus denuncias ante la Audiencia Nacional y buscan ganar tiempo para modernizar a contrarreloj sus centrales de alarmas y los productos que comercializan.
Sólo en la Central Receptora de Alarmas de Securitas Direct se 
registraron el pasado verano un total de 1.169.915 saltos de alarma en 
toda España (unos 19.499 al día),  de ahí la importancia de mejorar al 
máximo los ratios de verificación para prestar atención inmediata a los 
intentos reales de robos y no utilizar de manera innecesaria los 
recursos del Estado. Algunas empresas de seguridad interponen sus denuncias ante la Audiencia Nacional y buscan ganar tiempo para modernizar a contrarreloj sus centrales de alarmas y los productos que comercializan.
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