- El sector de la seguridad privada ha pasado del pleno empleo a perder más de la mitad de los puestos de trabajo desde que comenzará la crisis.
- Alrededor de 200.000 trabajadores están habilitados en España como vigilantes de seguridad, sólo permanecen en activo unos 90.000.
- Además, son alarmantes los niveles de precariedad laboral en el sector.
Las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior apuntan a que en la actualidad la cifra de vigilantes de seguridad habilitados en el territorio español ronda ya los 200.000.
Sin embargo, la Unidad Central de Seguridad Privada reconoce, en una
nota, que de todos ellos no llegan a superar los trabajadores en activo
la cifra de 90.000.
Recorte de derechos
SPV denuncia que esta dinámica fomenta el crecimiento de empresas de
seguridad con definidos comportamientos de "competencia desleal e
intrusismo" que tienen su caldo de cultivo en el recorte de los derechos y garantías sociales de
los trabajadores y en ofrecer sus servicios por debajo de los costes
establecidos en el convenio colectivo, un fenómeno que casi estaba
superado antes de la crisis.
La situación actual, según apunta, ha incrementado notablemente la precariedad laboral,
ya que el recorte de recursos económicos por parte de las empresas
privadas y organismos oficiales contratantes afecta a la propia
seguridad del trabajador, que "en la mayoría de las ocasiones tiene que actuar en solitario, circunstancias que propician las agresiones a los vigilantes y reviste al sector de una especial vulnerabilidad".
La organización sindical llama la atención de que a pesar de no haber
tocado suelo en la tendencia regresiva, las academias del ramo y las
centrales sindicales que tienen concedido el monopolio de la formación
continua, siguen ofertando cursos para las nuevas convocatorias de aspirantes a vigilantes de seguridad, situación que está saturando gravemente el paro en el sector
Falsas expectativas de empleo
Una dinámica, a su juicio, "perversa" que genera entre los nuevos vigilantes habilitados unas falsas expectativas de empleo,
que a la larga acaba por conducirles a una frustración al no encontrar
cabida en el mundo de la seguridad privada, después de haber invertido
tiempo y recursos económicos para cumplir los requisitos necesarios para
ejercer la profesión.
A ello se une la problemática de que la habilitación concedida por la
Unidad Central de Seguridad Privada a aquellas personas que consiguen
superar las pruebas de acceso es de carácter temporal, es decir, que en el caso de no ejercer la profesión durante un tiempo definido (dos años) se queda sin validez.
Ante esta situación, SPV considera que no tiene sentido seguir concediendo habilitaciones en un sector en pleno retroceso, en el que, según fuentes de la patronal Aproser el negocio de la seguridad privada ha descendido entre un 10% y un 12% desde el inicio de la crisis.
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