El PP ha pedido en el Congreso una nueva Ley de Seguridad Privada que sustituya a la a su juicio "obsoleta" legislación actual y que sirva para evitar "intrusismos" y "picaresca" y para mejorar la relación de los vigilantes con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En su proposición no de ley, el Grupo Popular recuerda que la norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada data de 1992 y que ya ha sido retocada en tres reformas legislativas, además de haber sido modificada y completada por diversas órdenes ministeriales y resoluciones.
"El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada", sostiene el PP.
En el texto de la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP apunta los ejes de esa nueva ley: "Debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal", apunta.
ELIMINAR PICARESCAS
También aboga por "eliminar la picaresca existente en relación con el intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad", integrar al personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos y dotarle del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones.
Igualmente, el PP apuesta por "acentuar al máximo los elementos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública", lo que en su opinión "no sólo debe vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esta interrelación".
Para el PP, es "evidente" que el desempeño de las funciones profesionales propias de la seguridad privada ha de perfeccionarse, y en estos momentos "sigue pendiente la aprobación de una regulación aplicable a los servicios" que por ley tiene encomendados los vigilantes privados.
"Es primordial que la sociedad perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos", concluyen.
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